La lucha contra la construcción ilegal.
Los inspectores de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, acompañados de agentes de la Policía Autonómica, de la Guardia Civil y técnicos convocados para el corte de los suministros de servicios, han detenido la parcelación ilegal de un terreno de naturaleza rústica de grandes dimensiones en San Roque (Cádiz).
Los hechos, investigados como consecuencia de una denuncia de la Guardia Civil, se desarrollaron en el paraje conocido como Albarracín, en suelo rústico situado al norte del término municipal, causando un gran impacto ambiental y territorial en la zona.
Las actuaciones previas realizadas por los inspectores de Urbanismo constataron la división de la originaria parcela matriz en hasta 87 lotes o subparcelas, que estaban siendo valladas perimetralmente con mallas y/o muros de bloques de hormigón. Algunos incluso disponen ya de portones metálicos para la entrada de vehículos.
De las actas de inspección y los informes técnicos emitidos con carácter previo a la contundente operación de precintos llevada a cabo, se desprende el carácter urbanístico de la parcelación ilegal, con viario interior de acceso general a todos los lotes en el interior de la parcelación, con ramales menores de acceso a cada uno de los lotes, redes de infraestructuras, vallados perimetrales, ejecución de edificaciones de obra y prefabricadas que presentan un uso recreativo y/o residencial, así como multitud de elementos auxiliares (pérgolas, parasoles, caravanas, casetas, contenedores, piscinas, etc). Previamente, los promotores habrían procedido a la eliminación de la capa vegetal preexistente.
Por el tamaño del proceso parcelatorio detectado, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha sobrevolado la zona con drones, práctica frecuente en el equipo de inspectores de la Consejería en este tipo de parcelaciones de grandes dimensiones.
La envergadura del operativo y el número de propietarios implicados, casi un centenar, ha requerido que los inspectores dividieran en dos días los trabajos de precinto para poder informar a título individual a cada uno de los interesados del procedimiento. Asimismo se ha comunicado a todos los presentes que la rotura del precinto puede acarrear no solo una sanción administrativa, sino que también puede conllevar consecuencias penales ya que la colaboración de la Administración autonómica con el Ministerio Fiscal es continua y, por tanto, podría incurrirse en delito de desobediencia en concurso con los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
Este dispositivo es el segundo que en menos de una semana pone en marcha la Junta de Andalucía, firme en el propósito de atajar los crecimientos ilegales en el territorio andaluz.
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